Falta o disminución de trabajo
grave, no imputable al empleador por culpa o negligencia, que se respete el
orden de antigüedad y la perdurabilidad de la circunstancias que originaron la
crisis y haber intentado tomar las
medidas necesarias para enfrentar la situación de desequilibrio económico
financiero, son los requisitos necesarios para dar legítima operatividad a los
despidos por fuerza mayor.
Los jueces de la Sala VII de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en los autos “Sangregorio Daniel
Gustavo c/Trixco S.A.s/despido”,
detallaron cuales son las condiciones necesarias para que los empleadores
puedan aplicar el concepto de “fuerza mayor” señalado en el art. 247 LCT que
permite reducir a la mitad las indemnizaciones en caso de despido sin causa.
El fallo consideró que "para despedir por falta o disminución de
trabajo, el empleador debe acreditar: a) la existencia de falta o disminución
del trabajo que por su gravedad no consienta la continuidad del vínculo, b) que
la situación no le sea imputable, es decir que se deba a circunstancias
objetivas y que no haya culpa ni negligencia empresaria, c) que se respetó el
orden de antigüedad, d) la perdurabilidad de la situación supuestamente
desencadenante de la crisis empresarial y e) la política proyectada tendiente a
conjurar la situación de desequilibrio económico financiero. De no cumplirse
con los extremos enunciados -a mi juicio- desaparece la pretendida validez
exculpatoria de responsabilidad y renace el deber indemnizatorio en plenitud
atento que el trabajador es un miembro vital de la comunidad de trabajo y, como
tal, no puede ser privado de su salario por causas ajenas al cumplimiento de
las prestaciones a su cargo."
Los magistrados continuaron diciendo "La postura del trabajador frente a la comunidad empresaria hace que, por naturaleza, las consecuencias directas de la política empresaria le resulten totalmente ajenas desde que "...el trabajador enajena su trabajo por un precio y así como, en principio, no participa de los beneficios de la empresa, afirmo que tampoco debe soportar las pérdidas, sus inconvenientes o sufrir dificultades económicas..."
Los magistrados continuaron diciendo "La postura del trabajador frente a la comunidad empresaria hace que, por naturaleza, las consecuencias directas de la política empresaria le resulten totalmente ajenas desde que "...el trabajador enajena su trabajo por un precio y así como, en principio, no participa de los beneficios de la empresa, afirmo que tampoco debe soportar las pérdidas, sus inconvenientes o sufrir dificultades económicas..."
Podemos agregar a los requisitos
señalados por los jueces, los que exige la normativa aplicable denominada “Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas” dispuesto minuciosamente por
la Ley 24.013, que hemos detallado y analizado anteriormente en nuestra publicación del 1/09/2014.