La indemnización
contemplada en el último párrafo del antiguo artículo 212 LCT (hoy tercer
párrafo del art 229), no se vincula con el concepto resarcitorio, sino que se
trata de una prestación de la seguridad social cuyo obligado al pago es la
empleadora -por decisión de política legislativa-, en la cual si bien debe
confirmarse la existencia de un daño que derive en una incapacidad total, esa
prestación es independiente de cómo se produjo ese daño.
El fallo de primera instancia –Expediente “ F.J.M. c/Transportes Automotores Plusmar S.A.
s/indemnización art. 212”- hizo lugar al reclamo del trabajador, afirmando la
sentencia en cuestión que el informe de
la SRT, donde la Comisión Médica dictaminó que el trabajador “sufre de diabetes
estadio V, patología de jerarquía invalidante acorde a Baremo de Ley,
correspondiendo un 70% de incapacidad, reuniendo el trabajador la condición
exigida en el inciso (a) del Art. 48 de la Ley 24.241 para acceder al beneficio
de Retiro por Invalidez. Asimismo, informó que el actor también presenta
hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, limitación funcional de columna
cervical, neurosis depresiva, afecciones que no se ponderaron en la estimación
de incapacidad, “por alcanzar con afección principal el porcentaje exigido por
Ley”. A su vez, tomó en consideración el informe del perito médico teniendo en
cuenta los antecedentes de la causa de interés médico legal, la historia clínica,
el resultado de los estudios complementarios mencionados y el examen físico del
demandante, que arrojó que el señor F. presenta diabetes estadio V, enfermedad
que le provoca una incapacidad total, permanente y definitiva del 70% de la TO.
En consecuencia, concluyó que el accionante se encontraba incapacitado para
prestar tareas laborales, por lo que tenía derecho a percibir la indemnización
prevista en el 4° párr. del art. 212 de la LCT. A lo expuesto agregó, que el
hecho de que la empleadora supiese o no que la enfermedad del actor lo
incapacitaba para la realización de cualquier tarea, no modificaba el derecho
de F. a percibir la indemnización, sino que la sola circunstancia de su
padecimiento da nacimiento al mismo; tampoco el „carácter crónico‟ o inculpable
de la enfermedad del actor lo exceptúa del pago de la reparación prevista en el
4° párr. del art. 212 de la LCT.”
La sentencia fue apelada por la empresa,
arribando las actuaciones a la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, cuyos integrantes en ocasión de dictar sentencia manifestaron “Sabido es que, a diferencia de los tres
primeros párrafos del art. 212 de la LCT, donde el trabajador porta una
capacidad disminuida que lo habilita a realizar tareas acordes a su estado, el
cuarto párrafo contempla la situación en la cual la enfermedad deriva en una
incapacidad absoluta. De esta forma, la indemnización contemplada en el último
párrafo del citado artículo, no se vincula con el concepto resarcitorio, sino
que se trata de una prestación de la seguridad social cuyo obligado al pago es
la empleadora -por decisión de política legislativa-, en la cual si bien debe
confirmarse la existencia de un daño que derive en una incapacidad total, esa
prestación es independiente de cómo se produjo ese daño (por ejemplo no es
necesario acreditar un factor de atribución de responsabilidad). Es decir que
para la estructura y función de la prestación es indistinto demostrar la
concurrencia de los elementos típicos de la acción resarcitoria, en tanto la
prestación nace frente a la imposibilidad de subsistencia de la relación
laboral por lo que resulta indiferencia la causa de extinción del contrato, con
tal de que la incapacidad padecida por el trabajador/a sea absoluta y tenga
como origen un accidente o enfermedad inculpable.“
Para seguidamente señalar que “ configurada la
incapacidad absoluta durante el curso de la relación laboral, el actor se vio
imposibilitado de continuar realizando las tareas que anteriormente cumplía o
cualquier otra que pudiera adoptar su empleadora, por lo que se ve impedida la
continuidad del vínculo laboral frente a la imposibilidad física del
cumplimiento del objeto del contrato de trabajo y en la medida en que la
prestación es personal e infungible. Por este motivo, es que la indemnización
prevista en el párrafo cuarto del art. 212 de la LCT en verdad constituye una
prestación tutelar e irrenunciable.”
Por último los camaristas se refirieron a “la
validez constitucional del cuarto párrafo, del artículo 212 de la LCT, fue
refrendado por el Máximo Tribunal Federal al señalar que no es violatorio del
art. 14 bis de la Constitución Nacional en la medida en que si bien dispone que
el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, ello no significa que
la cobertura de las contingencias sociales deba estar exclusivamente a cargo
del Estado y financiada por este, sino que el texto constitucional hace
referencia a los objetivos que corresponde cumplir al legislador y que tampoco
implica superposición de aportes al afirmar que la indemnización en cuestión es
una carga derivada del contrato de trabajo cuyo importe debe ser satisfecho por
el empleador (CSJN, 30/3/82, “Mansilla Manuel A. c/ Cía. Azucarera Juan M.
Terán, Ingenio Santa Bárbara”, DT 1982-B- 1432).”
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