lunes, 26 de octubre de 2026

MEDIANTE TESTIMONIOS Y LOS REGISTROS DE LA SUBE DEMOSTRO LABORAR JORNADA COMPLETA

 

                                                                   


         

Una trabajadora demostró que laboraba una jornada completa -a pesar de estar registrada como desempeñando tareas en un horario parcial- mediante testimonios y los registros de los viajes realizados mediante el pago con la tarjeta SUBE.

 Los camaristas, tras el conocimiento de las pruebas y documentos sustanciados en el expediente “Osuna, Maris Elida c/ModalandSA s/despido”, manifestaron “El punto de partida del análisis es la naturaleza jurídica del contrato a tiempo parcial. Como he sostenido en reiteradas oportunidades, el tipo contractual previsto en el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo constituye un supuesto de excepción. Por tal razón, la carga procesal de acreditar los presupuestos fácticos que justifican esa modalidad contractual recae sobre la empleadora (conf. CNAT, Sala II, "Romero, Eduardo c/ Consolidar ART S.A. s/ despido", 18/12/2002; CNAT, Sala VI, "Lavergne, Beatriz c/ Siembra Seguros de Retiro S.A. s/ diferencias de salarios", 10/03/2004, voto del Dr. Capón Filas).

Para luego señalar “Desde esa perspectiva, estimo que la prueba producida por la parte actora, apreciada integralmente, persuade en el sentido de que Maris Elida Osuna cumplía una jornada de trabajo completa y no la jornada parcial registrada por la demandada. En efecto, las declaraciones de Herrera, García, Cavalli, Gutiérrez y González no resultan idóneas para acreditar los aspectos internos de la organización empresarial, tales como la modalidad de registración o la forma de liquidación de las remuneraciones, por cuanto tales circunstancias les eran conocidas principalmente por referencias de la propia trabajadora. Sin embargo, distinta valoración corresponde asignarles respecto de aquellos hechos que percibieron personalmente. Varias de las testigos —en particular Herrera, Cavalli y González— coincidieron en señalar que concurrían a esperar a la actora al finalizar su jornada en el local comercial ubicado sobre la avenida Santa Fe, junto al Shopping Alto Palermo, identificando incluso el puesto de flores situado en las inmediaciones del establecimiento. A su vez, Gutiérrez y García corroboraron haberla encontrado o esperado a la salida del trabajo, ubicando igualmente el establecimiento en las inmediaciones del Alto Palermo. Todas situaron ese egreso alrededor de las 20:00/20:30 horas. Esa convergencia, referida a un aspecto percibido directamente por las declarantes, constituye un indicio relevante acerca del horario habitual de finalización de las tareas.”

Seguidamente los magistrados se refirieron a los registros de la tarjeta SUBE y explicaron “Ese cuadro indiciario encuentra un importante respaldo objetivo en el informe producido por Nación Servicios S.A., del que surge que la tarjeta SUBE registrada a nombre de la Sra. Osuna fue utilizada, durante buena parte del período de la relación laboral, siguiendo un patrón reiterado de desplazamientos compatible con la jornada denunciada en la demanda, registrándose, en numerosos días, viajes desde la estación Venezuela en horas próximas al ingreso denunciado y, posteriormente, desdela estación Bulnes —ubicada en las inmediaciones del establecimiento donde prestaba tareas— entre las 20:35 y las 20:45 horas. Si bien dicho informe no constituye una prueba directa de la jornada cumplida, representa un indicio objetivo que, apreciado juntamente con la restante prueba producida, robustece significativamente la versión sostenida por la trabajadora.”

Para finalmente concluir “… que la demandada no logró acreditar de manera suficiente los presupuestos fácticos que justificaban la contratación de la actora bajo la modalidad de tiempo parcial y que, por el contrario, la prueba producida en la causa conduce razonablemente a tener por acreditado que la Sra. Osuna prestaba servicios en una jornada completa, circunstancia que evidencia una deficiente registración de la relación laboral. Consecuentemente, la negativa de la empleadora a rectificar dicha registración, pese a las intimaciones cursadas por la trabajadora, configuró una injuria de gravedad suficiente para impedir la prosecución del vínculo y justificar el despido indirecto en el que ésta se colocó…."


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lunes, 19 de octubre de 2026

ES VALIDA LA COMUNICACIÓN DEL EMBARAZO DE LA TRABAJADORA MEDIANTE LA APLICACIÓN WHATSAPP

                                                                       


Es válida la comunicación al empleador informando el estado de embarazo realizado por la trabajadora mediante la aplicación WhatsApp, especialmente si la autenticidad de la información fue corroborada mediante pericia informática. En consecuencia, dada la proximidad de la comunicación y la fecha de despido sin causa, se infiere que la desvinculación se motivó en el estado de embarazo, correspondiendo el pago de la indemnización especial tarifada en el art. 182 LCT.

En el expediente “Caucota, Claudia Guadalupe Isabel c/Castro, Héctor Armando; estación de servicio La Red S.A. s/ordinario” originario del Juzgado de 1° Instancia del Trabajo- METAN, cuya apelación recayó en la sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, se consideró el reclamo de la trabajadora quien alegó que luego de trascurrir diez días desde la fecha que realizó la comunicación, mediante whatsApp,  al empleador que se hallaba embarazada, fue despedida sin causa por lo que reclama la indemnización especial tarifada por la LCT.

La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo de la trabajadora, fallo que fue apelado por la empresa. Los camaristas, tras el análisis de las actuaciones y pruebas sustanciadas en la instancia preliminar, afirmaron “No comparto el agravio de la demandada relativo a que la trabajadora no habría cumplido con la comunicación prevista por el art. 177 de la LCT. De las constancias de la causa surge acreditado que la actora contaba con certificado médico de fecha 19/04/2019, mediante el cual se constató un embarazo de 5,1 semanas, con fecha probable de parto para el 15/12/2019. Asimismo, se incorporaron impresiones de conversaciones mantenidas mediante la aplicación WhatsApp con la encargada Alba Frías y con Ariel Castro, personas que cumplían funciones jerárquicas dentro del establecimiento. La autenticidad de dichas comunicaciones fue corroborada mediante la pericia informática obrante a fs. 354/367, cuya conclusión resultó categórica al afirmar que los mensajes hallados en el dispositivo móvil de la trabajadora coincidían con las impresiones acompañadas con la demanda y que no registraban alteraciones ni manipulaciones- Dicho informe fue debidamente notificado a las partes y no mereció observación ni impugnación alguna”.

 Para seguidamente explicar “… la autenticidad de tales comunicaciones ha quedado definitivamente acreditada. La circunstancia de que la comunicación no se hubiera efectuado mediante telegrama laboral carece de entidad suficiente para desvirtuar la protección legal. El tercer párrafo del art. 177 LCT exige la acreditación y notificación del embarazo al empleador, pero tal requisito no puede interpretarse con un rigor formal incompatible con la finalidad protectoria de la norma. Resulta particularmente relevante que la documental mencionada no fue desconocida oportunamente por la demandada al contestar la acción, circunstancia expresamente destacada por el magistrado de grado y que no ha sido eficazmente rebatida en esta instancia.

La doctrina al respecto dijo: "Se entiende, en general, que la exigencia del artículo 177 no se trata de una formalidad ad solemnitatem, sino de un requisito ad probationem que admite diversos medios probatorios para acreditar el conocimiento del principal del estado de embarazo. Es que, cuando se discute la fehaciencia de la notificación del embarazo, la cuestión no debería ceñirse sólo al examen meramente formal de aquélla, sino, según las circunstancias, al cabal conocimiento que de todos modos pudiera haber tenido el empleador del estado de embarazo, que incluso resulta notorio en determinada etapa". (Ackerman, Mario E. y Sforsini, María Isabel, Ley de Contrato de Trabajo Comentada Segunda Edición- Tomo II-artículos 103 a 213, pag.341/342 -, Rubinzal Culzoni).

Los camaristas agregaron “La protección legal no depende exclusivamente del medio empleado para la comunicación sino del efectivo conocimiento que el empleador haya adquirido acerca del embarazo de la trabajadora. La razón de esta interpretación es evidente, si el empleador ya conoce el embarazo, la finalidad perseguida por el art. 177 LCT se encuentra cumplida, la ley protege la maternidad, no la utilización de una determinada vía de comunicación.  Por ello, cuando la noticia del embarazo llega efectivamente al conocimiento de quienes ejercen funciones de dirección o supervisión dentro de la empresa, la protección legal se torna operativa aun cuando la información hubiera sido transmitida por medios distintos del telegrama laboral.”

Para luego referirse a la utilización de la aplicación WhatsApp, señalando: “… El avance tecnológico y la incorporación de las comunicaciones digitales a la vida cotidiana imponen una interpretación actualizada de las reglas probatorias. La jurisprudencia ha reconocido reiteradamente la aptitud de tales medios para acreditar hechos jurídicamente relevantes cuando su autenticidad se encuentra corroborada mediante prueba técnica idónea.  En el presente caso, no sólo existen impresiones de pantalla sino una pericia informática que verificó la integridad de los mensajes, circunstancia que otorga plena eficacia probatoria a dicha evidencia digital. En efecto, el informe pericial ratifica el intercambio de textos de WhatsApp acompañado, en impresión, por la actora en su demanda y que dan cuenta de la comunicación de su embarazo a la empleadora con anterioridad al despido. La empleadora no desconoció la calidad de encargada de la Sra. Alba Frías ni la del Sr. Ariel Castro como empleado de categoría superior del lugar donde prestaba servicios la actora.  A ello se suma la significativa proximidad temporal existente entre la comunicación del embarazo y el despido dispuesto por la empleadora, circunstancia que constituye un indicio particularmente relevante para la operatividad de la presunción establecida por el art. 178 de la LCT. No existiendo prueba idónea que logre desvirtuar dicha presunción legal, corresponde concluir que el distracto obedeció al estado de gravidez de la trabajadora, resultando procedente la indemnización agravada prevista por el art. 182 de la LCT…”

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lunes, 12 de octubre de 2026

EL EMPLEADOR NO PUEDE DESCONOCER EL ALTA CON TAREAS LIVIANAS SIN RECURRIR A OTRO DICTAMEN

                                                                               


                                                                          

El empleador no puede desconocer el certificado médico que dispone el alta del trabajador con prescripción de tareas livianas y negar dación de tareas por discrepar con el diagnóstico médico sin siquiera requerir la opinión de otro médico laboral.

En el caso considerado por la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el Expte. N° CNT 23644/2018/CA1, autos “P.B.J.N. c/Obispo S.A. s/despido, la trabajadora se consideró despedida po0r la conducta del empleador y demandó las indemnizaciones correspondientes a un  despido sin causa. Veamos los hechos.

La trabajadora ingresó el día 14 de diciembre de 2013 a laborar a favor de la accionada en calidad vendedora B y  desde abril de 2016 gozó licencia médica luego de ser intervenida quirúrgicamente dos veces por padecer endometriosis… En tal sentido declara que con fecha 14 de septiembre de 2016 obtuvo el alta médica con prescripción de tareas livianas y remitió los certificados de manera digital al sector de recursos humanos para luego, de manera presencial, entregarlos a la supervisora. Señaló que de manera telefónica le informaron que el contenido de los mismos resultaba poco claro, por lo que el 19 de septiembre de 2016 presentó un nuevo certificado complementario. Asimismo,  ese 14 de septiembre de 2016 intimó a la demandada para que le otorgue tareas livianas, y que recibió como respuesta el desconocimiento del alta médica, por lo que con fecha 07 de octubre de 2016 volvió a emplazar a la accionada. Frente al nuevo desconocimiento del alta en cuestión y luego de un extenso intercambio telegráfico, se consideró despedida el 25 de octubre.

Por su parte la empleadora sostuvo que la actora le indicó que se encontraba con alta médica pero para realizar tareas livianas sin esfuerzos ni estar parada para evitar hemorragias. Por ello adujo que el alta otorgada no era la requerida por la LCT y que la accionante no podía volver a trabajar, por lo que no era necesario efectuar un control médico. En virtud de ello, sostiene que no existió negativa de tareas y que la accionante se consideró injustamente despedida.

Analizadas las actuaciones y pruebas sustanciadas en la primera instancia, los camaristas señalaron “ Nótese que de los propios términos de la contestación de demanda se encuentran reconocidos los certificados médicos adjuntados por la trabajadora, cuando la accionada sostuvo que ‘la actora indicó que se encontraba con un alta médica... ante el certificado médico de la empleada donde indicaba que continuaba con su recuperación...'. Si bien rechazó la supuesta negativa de tareas por considerar que el alta otorgada no era la requerida por la LCT y debido a su estado de salud no podía permitir su reingreso, estas manifestaciones determinan el reconocimiento de su accionar y la falta de dación de tareas por discrepar con el diagnóstico médico y con el alta otorgada por el médico tratante de la trabajadora.”

Luego continuaron “Si bien es cierto que la demandada pudo considerarse con derecho a discrepar con el diagnóstico, no lo es menos que descansó en el hecho de negar su reincorporación sin acudir a un control médico a instancias de su parte. Es más, decidió no abonar el salario de la trabajadora sin contemplar que era ella quien no permitía su desempeño, conforme los parámetros aludidos por su médico tratante. Digo ello teniendo en cuenta que el salario correspondiente al mes de septiembre fue la propia demandada quien sostuvo que lo había abonado pero lo hizo recién el 01 de noviembre del mismo año, esto es vencido el plazo previsto por el art. 128 LCT. En efecto, frente al alta médica otorgada la demandada sólo podía impedir su regreso si contaba con una causa objetiva que así lo justificara. De lo contrario, soslaya que con su accionar incumplió con una obligación principal como es la de dar ocupación efectiva (arts. 78 y 212 LCT) Si la trabajadora se encontraba en condiciones de reincorporación a tareas livianas, la empleadora debía asignar tareas compatibles con su estado de salud o en el mejor de los casos, instar el control médico a través de una empresa de medicina laboral que fuera de su confianza. La exclusión de su ámbito laboral sin causa objetiva de justificación y sin basamento científico que así lo indique-por ejemplo si la trabajadora fuera un riesgo para sí o para su entorno laboral-, determina un incumplimiento por parte de la accionada de suma gravedad. No obstante lo explicado, fue la propia accionada quien reconoció que abdicó de la potestad de efectuar un control médico a fin de constatar el estado de salud de la trabajadora (cfr. art. 210 LCT) cuando dijo que ‘no resultó necesario un control médico y por ende no se realizó ', por lo que siquiera arbitró los medios necesarios para verificar mediante otra consulta médica el estado de salud de la dependiente para así zanjar dicha disyuntiva.”

Para seguidamente concluir  “Aunado a ello, cabe resaltar que la accionada no logró demostrar el pago del salario del mes de septiembre de 2016, por cuanto del recibo acompañado por la propia demandada a fs. 31 en concepto de la liquidación final, no se desprende que incluya el salario debido. Es decir que además de impedir el reingreso de la trabajadora a su labor, descansó en la idea que el alta médica así otorgada no era suficiente y por ende dejó de abonar el salario debido (cfr. art. 208 LCT) lo que por sí sólo constituye un incumplimiento contractual, suficientemente injurioso como para considerar a la demandada responsable de la finalización de la relación laboral, por tratarse la contraprestación salarial la principal obligación en cabeza de la empleadora. Desde esta perspectiva, ante la negativa a otorgar tareas acordes frente al alta médica y del incumplimiento en el pago del salario, indefectiblemente implicó un quebrantamiento del sinalagma contractual que se tradujo en injuria de suficiente gravedad, por lo que cabe revocar la sentencia de grado en este aspecto en tanto decisión rupturista adoptada por la trabajadora fue ajustada a derecho…”


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lunes, 5 de octubre de 2026

FUE DESPEDIDO POR MALTRATO FISICO CONTRA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE ESTABA A SU CUIDADO

                                                                               


La sentencia emitida por la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró justificado el despido de un docente por haber realizado un acto de maltrato físico contra una persona con discapacidad que estaba a su cuidado, en el seno de la institución terapéutica destinada a su atención.

El fallo de primera instancia, en la causa “T.Z., J.C. c/Asociación Civil Baderej un camino hacia la atención integral de las personas con discapacidad y otros s/despido”, hizo lugar al reclamo del profesor desvinculado, quien demandó el pago de las indemnizaciones correspondientes a un despido sin causa, sentencia que fue apelada por las dos partes

En su reclamo el docente señaló que desempeñaba tareas a favor de la accionada en calidad de Profesor de Educación Física, atendiendo a concurrentes con discapacidad en el gimnasio de la institución, conforme las pautas de la CCT 736/16 (UTEDYC). Relató que el vínculo laboral se extinguió por decisión de su empleadora, quien invocó justa causa con sustento en un episodio  con una concurrente de la institución, en el que se le atribuyó haberla sujetado de manera violenta, doblarle un dedo y clavarle una uña. El actor negó los hechos y afirmó que la concurrente -persona con trastorno del espectro autista- habría comenzado a agredirlo físicamente, pateándolo y arañándole el rostro, frente a lo cual se habría limitado a sujetarle las manos intentando calmarla, sin agredirla en modo alguno.

Por su parte la Asociación Baderej explicó que constituye una asociación civil sin fines de lucro orientada a la atención integral de personas con discapacidad, en particular jóvenes con trastornos del espectro autista, mediante abordajes terapéuticos, educativos, recreativos y de acompañamiento institucional. Afirmó que la decisión rescisoria se encontraba debidamente justificada en un hecho gravísimo acaecido  en la sede de la demandada y durante el horario de trabajo del actor, consistente en que este habría tomado violentamente de la mano a una concurrente con trastorno del espectro autista,  le habría doblado el dedo pulgar, clavado una uña y dirigido gritos de manera destemplada e inaceptable. Sostuvo que el episodio ocasionó un daño indudable a la concurrente -objeto de una presentación efectuada por sus progenitores, cuya carta documento transcribió- y a la imagen de la institución, que el actor reconoció el hecho y su gravedad al ser confrontado, y que tal comportamiento, por la forma, la responsabilidad del agente y la vulnerabilidad del sujeto pasivo, importó una violación de sus deberes que tornó imposible la prosecución del vínculo, no susceptible de mera sanción disciplinaria.

Preliminarmente los camaristas explicaron que “el contexto impone abordar la cuestión a la luz del plexo normativo de raigambre constitucional que tutela los derechos de las personas con discapacidad. En tal sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por la ley 26.378 y dotada de jerarquía constitucional por la ley  27.044 —que la incorporó al elenco del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional—, consagra en su art. 16.1 el derecho de toda persona con discapacidad a la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, comprometiendo a los Estados a adoptar todas las medidas pertinentes para prevenir tales conductas y, en su art. 16.3, a asegurar que los servicios e instituciones destinados a su atención sean objeto de supervisión efectiva por autoridades independientes. A su turno, el art. 17 garantiza el respeto de la integridad física y mental de la persona con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, y el art. 3 erige a la dignidad inherente, la no discriminación y el respeto por la diferencia en principios rectores de la Convención. En consonancia, el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional manda legislar y promover medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad, y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad —aprobada por la ley 25.280— refuerza el deber estatal de prevenir y sancionar toda forma de discriminación y de violencia en su contra.”

En el fallo los jueces señalaron  “En efecto, todos los testigos ofrecidos por la demandada fueron coincidentes en que el actor habría tomado a la concurrente del brazo y de la mano, retorciéndole el dedo, dejándole una marca. Esa versión, lejos de reposar en un único dicho, se ve corroborada por dos extremos dirimentes. Por un lado, el dato objetivo de la lesión, que la propia madre constató al regresar su hija al hogar esa tarde. Por el otro, la circunstancia, relatada por ambos progenitores, de que la acompañante terapéutica anotició de inmediato lo sucedido, comunicándolo angustiada y entre llantos, al punto de manifestar que no volvería a la institución mientras el actor continuara prestando tareas en ella.”

Para luego continuar “Frente al escenario descripto, ha quedado comprobado el contexto fáctico invocado por la demandada al contestar la demanda, de lo que se sigue que el despido dispuesto por su parte resultó legítimo. En efecto, concluyo que concurren tanto los elementos objetivos como los subjetivos que permiten concluir que el actor incurrió en una conducta incompatible con los deberes de buena fe que todo contrato de trabajo impone (arts. 62, 63 y 242, LCT), la que suministra base fáctica suficiente para justificar el despido, aun cuando el trabajador no registrara antecedentes disciplinarios previos por hechos de similar naturaleza (cfr. CNAT, Sala VII, 24/04/2008, Sent. 40.845, "Pereyra, Susana B. c/ Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación s/ despido.”


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