La sala I de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional el art. 55 de la
Ley 27.802 denominada de Modernización Laboral, por entender que dicha
normativa reduce las indemnizaciones en un 33% que percibirán los trabajadores que
en el futuro obtengan una sentencia favorable a su reclamo de reparación
económica por haber sido despedidos sin justa causa.
El mencionado art. 55 dispone:
“Artículo 55.- En los juicios en trámite
y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia
de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren
pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones
individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:
a) A través de la aplicación de intereses
moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la
República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente;
b) En ningún caso el resultado, aplicando las
pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe
derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación
sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés
del tres por ciento (3%) anual;
c) El valor resultante no podrá ser inferior
al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas
del inciso b) del presente artículo.
Las disposiciones del presente artículo son de
orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad
administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de
concurso del deudor, así como también después de la declaración de quiebra.”
El
tema tratado por el art. 55 fue considerado con anterioridad por las salas IV, II
y VIII de las Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con jurisprudencia
controvertida pues la primera de las salas mencionadas emitió sentencia en
igual sentido que el fallo que comentamos, pero las otras dos fallos
entendieron por el contrario que la norma contenida en la Ley de Modernización
Laboral estaba dentro de los parámetros constitucionales.

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