Los juicios por accidentes de
trabajo aumentaron un 14% en los primeros cinco meses de este año comparados
con el mismo período del año pasado. De acuerdo con lo informado por la Unión de Aseguradores de Riesgos del Trabajo, los reclamos judiciales que se iniciaron
este año totalizaron 44.337.
Las ciudades que sumaron más
reclamos fueron CABA, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y la provincia de Buenos
Aires, es decir las principales del
país, hecho que tiene cierta lógica pues las mismas ciudades concentran la mayor
parte de la población. Lo ocurrido en CABA es un ejemplo del alto grado de
litigiosidad que absorbe esta materia: de cada 100 accidentes de trabajo que se registraron en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 40 desencadenaron en juicios
contra los empleadores y las ART.
Las autoridades de la Unión de
Aseguradores de Riesgos del Trabajo señalaron que no obstante registrarse
considerablemente menos accidentes desde el momento de la creación de las ART,
hace veinte años, los reclamos judiciales aumentaron notablemente.
La presidenta de la UART, Mara
Bettiol, expresó “Lo paradójico en este panorama es que aún en los sectores económico-productivos con más
riesgo implícito, los accidentes bajan
sistemáticamente. El descenso sistemático, constante y progresivo de la
siniestralidad, dato que por lógica debería generar menos juicios, no incide
hoy en la disminución de las demandas. Ambas variables operan de manera
independiente, desenganchadas”.
De acuerdo con las
manifestaciones de las autoridades de la UART el aumento de los juicios se debe
a “la valoración de la incapacidad. La reforma previó una tabla mediante la
cual se establecen los porcentajes de incapacidad correspondiente a cada daño o
incapacidad permanente, con el objetivo de dar celeridad, certidumbre y tratamiento equitativo a los
trabajadores que quedan con una incapacidad permanente. Esta tabla, que
constituye parte inescindible de la aplicación de la LRT, suele no ser
utilizada por los peritos judiciales”. Por esto es necesario, afirmaron desde
la UART “avanzar en la regulación del quehacer pericial en el ámbito de la
justicia, a la vez que desacoplar los honorarios de los peritos de la resultas
del dictamen”.
“
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